Este 10 de diciembre que se conmemora un aniversario más de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos es una buena oportunidad para analizar la situación de su cumplimiento en un país como Colombia donde su respeto no ha sido una prioridad y mucho más en el marco de la actual coyuntura por la emergencia del Covid 19.
El año 2020 será recordado como uno de los más nefastos para la materialización de los derechos humanos en la historia resiente a nivel mundial sobre todo para los países con altos niveles de pobreza y desigualdad como Colombia, debido a los efectos como consecuencia de la pandemia del Covid 19, la cual ha provocado un retroceso en algunos avances en cuanto a las condiciones de vidas, logradas con mucho esfuerzo en los últimos años y la profundización de otras inequidades estructurales preexistentes. La triple crisis sanitaria, económica y social ha puesto de manifiesto la importancia de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) que incluyen los derechos a la alimentación, a la vivienda adecuada, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la participación en la vida cultural, al agua y saneamiento, y al trabajo (OACNUDH , 2009, pág. 3).
En países como Colombia el basto ejército de trabajadores informales ante la pandemia se vio enfrentados ante el dilema de salir a conseguir el sustento diario y correr el riesgo de contagio o morir de hambre o no tener para solventar gastos esenciales como la renta de sus viviendas y los servicios públicos. La proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas para el trimestre julio-septiembre del 2020 fue del 47,1%; 1,4 puntos porcentuales mayor a la exhibida en igual período, pero del 2019. La ciudad de Pasto ocupó el séptimo lugar entre las 23 ciudades y áreas metropolitanas del país en cuanto a la proporción de ocupados informales en el país con el 57,5%, es decir 10 puntos por encima de la media nacional (DANE, 2020, págs. 3, 5). Además, en dicho período la tasa de desempleo nacional fue de 21,0%, es decir 10 puntos porcentuales a la del 2019 que fue del 10,9%. Para el caso de Pasto la tasa de desempleo entre julio y septiembre de 2020 fue del 17,7%, 7 puntos porcentuales por encima de la del 2019 que fue del 10,4% (DANE, 2020, pág. 4).
Aunado a lo anterior, el 59,8% de las personas que hacen parte de la jefatura de los hogares en el país consideran que la situación económica de su hogar ha empeorado frente a la presentada hace un año; el 23,7% afirmó que era igual. Para el caso de la ciudad de Pasto, referente para el resto del departamento de Nariño, el 73,9% consideran que la situación económica de su hogar es peor frente a la del año anterior como consecuencia de la pandemia del Covid 19 (DANE, 2020, pág. 16).
De igual manera otra señal del deterioro de las condiciones de vida de los hogares colombianos como consecuencia del Covid 19 ha sido su impacto en la seguridad alimentaria. En julio de 2020 frente al mismo mes de 2019, de 7,8 millones de hogares que residen en las 23 principales ciudades del país solo el 71,2% de ellos consumía tres comidas al día, cuando el año pasado era del 87,7%. Para el caso de Pasto la variación pasó de 82,7% a solo el 69,3% de la proporción de hogares que consumía tres comidas al día (DANE, 2020, pág. 100).
El segundo grupo de derechos afectados de manera importante por las medidas adoptadas para hacer frente a la emergencia del Covid 19 han sido los derechos civiles y políticos, los cuales, cabe recordar, son aquellos que garantizan las libertades fundamentales de las personas y su participación activa en la vida política y social. En medio de la crisis de salud, los gobiernos en todo el mundo y por supuesto en Colombia para hacerle frente al Covid 19 adoptaron diversas medidas, incluidas las que restringen los derechos y libertades de las personas. Si bien, esas restricciones pueden parecer necesarias para hacer frente al brote de virus y garantizar la vida y la salud de todos, no obstante, se han planteado una serie de preocupaciones sobre el alcance, los efectos y la duración de algunas medidas que podría haber ido más allá del alcance de las restricciones y suspensiones permitidas en virtud del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Los derechos civiles y políticos se pusieron en tela de juicio con motivo de la convocatoria por parte del Comité Nacional de Paro a un paro nacional para el 21 de con el objetivo defender la vida y la democracia y exigir la negociación del pliego nacional de emergencia. Días antes, la Minga Indígena del Cauca iniciaron su marcha en su apoyo hacia la ciudad de Bogotá, reivindicando la defensa de la vida, del territorio, la democracia y la paz y en rechazo a los asesinatos de los líderes sociales que se han presentado durante este año. A raíz de esto, la Minga empezó a ser objeto de varios ataques de diversos sectores, incluso a través de “fake news” a través de montajes publicados en redes sociales. La ministra del Interior Alicia Arango desestimó la validez de la Minga al afirmar que “es muy importante que Colombia sepa que esta minga no es una reivindicativa, es de carácter político… (El Espectador, 2020)” Es más, tres senadores del partido del actual Gobierno, es decir el Centro Democrático, presentaron en el mes de octubre una acción popular contra Alcaldía de Bogotá, varias organizaciones indígenas y el movimiento MAIS con el fin de frenar la llegada a la capital de la minga social y comunitaria del suroccidente colombiano bajo el argumento de que estaban violando los protocolos de bioseguridad y poniendo en riesgo a la ciudadanía. No obstante, el Juzgado 40 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá rechazó la petición de los congresistas uribistas y protegió el derecho a la protesta de los pueblos y comunidades indígenas, afro y campesinas (El Tiempo, 2020).
Finalmente, el tercer grupo de derechos afectados de manera particular en Colombia, han sido los de derechos fundamentales que su acepción más general, pueden definirse como las garantías que son inherentes a todas las personas, y que están plasmados en el ordenamiento jurídico de cada país. Estos derechos se diferencian de los derechos humanos contenidos en la Declaración Universal, principalmente en el territorio de su aplicación. Mientras los derechos fundamentales están incluidos en la Constitución o carta de derechos de cada país; por su parte, los derechos humanos no tienen limitación territorial (Oxfam, s.f.). Para el caso colombiano la Constitución Nacional establece en los artículos 11 al 41 los derechos fundamentales como por ejemplo el derecho a la vida (art 11); el derecho a la igualdad ante la ley (art 13); el derecho a la paz (art 22), entre otros.
Indudablemente, el derecho fundamental más vulnerado en medio de la emergencia del Covid 19 ha sido un poco paradójicamente el derecho a la vida ya que este año hubo un aumento sin precedentes de las masacres en todo el territorio nacional, incluyendo a Nariño. De acuerdo con cifras de organizaciones sociales, entre enero y lo que va de diciembre de 2020 en Colombia han ocurrido 79 masacres que han cobrado la vida de 340 personas. Nariño con 9 masacres (42 personas asesinadas) ocupa el tercer lugar, después de Cauca con 13 masacres y Antioquia con 18 (Indepaz, 2020).
A lo anterior hay agregarle el asesinato sistemático de las personas que han dedicado su vida a la promoción y defensa de los derechos humanos en el país y excombatientes de las FARC-EP creyeron en la paz. De acuerdo con las cifras hasta la fecha en el país han sido asesinados 283 líderes y lideresas sociales y 59 firmantes de la paz, 3 de ellos en Nariño (Indepaz, 2020).
En Nariño entre el 1 de enero hasta el 30 de noviembre del año 2020 habían sido asesinados en Nariño 22 defensores de derechos humanos cuyas edades oscilaban entre los 17 y 61 años de edad, siendo los adultos entre los 27 y 59 años el grupo poblacional más afectado con el 79%, seguido por las y los líderes jóvenes entre los 12 y 26 años de edad con el 19%. Los liderazgos más afectados en su orden han sido el liderazgo étnico-territorial con el 77%, siendo el 64% de las y los líderes asesinados líderes indígenas, principalmente de la etnia Awá y el 14% líderes afrocolombianos, seguido del liderazgo comunal con el 9%.
Por regiones, la costa pacífica de Nariño con el 64%, es decir las dos terceras tardes del total, ha sido la más afectada, constituyéndose Tumaco con el 41% el municipio donde mayor número de asesinatos de líderes y lideresas sociales han ocurrido, seguido del municipio de Barbacoas con el 23%. Ambos municipios ubicados en las subregiones Pacífico Sur y Telembí, respectivamente, se han convertido paulatinamente después de la firma de la paz, en fichas clave como las de un rompecabezas que dan forma al escenario de la cruenta disputa territorial entre diversos actores armados por el control de las rentas que genera el narcotráfico, la minería ilegal, las refinerías ilegales y la extorción.
Lo más preocupante es que en la mayoría de casos de asesinatos contra líderes y lideresas sociales han existido denuncias y alertas previas por parte de las organizaciones sociales e instituciones del Estado. Este es el caso del Pueblo Awá, el cual a través de sus organizaciones han denunciado reiteradamente la presencia en su territorio de actores armados legales como el Ejército Nacional e ilegales como Los Contadores, el Frente Oliver Sinisterra (FOS) y el ELN que vulneran sus derechos humanos dentro de sus territorios ancestrales. Un claro ejemplo de esto es la denuncia del Resguardo Piguambí Palangala, ubicado en Tumaco, según la cual, el líder indígena del pueblo Kokonuco, Juan Pablo Prado Bolaños, asesinado en ese municipio en septiembre del presente año, había recibido amenazas previas a su asesinato ante lo cual había solicitado medidas, las cuales nunca se le brindó (Resguardo Piguambí Palangala, 2020, pág. 1). De igual manera tras el asesinato de la lideresa Awá, Ana Lucia Bisbicús en el mes de octubre en Buenavista, municipio de Barbacoas y su hijo, Deiro Alexander Pérez Bisbicús, asesinado en este mismo sector, pero en el mes de mayo, se denunció que su familia ve sufriendo de varias amenazas por parte de actores armados ilegales que hacen presencia en la zona (Unipa, 2020, pág. 2).
La respuesta del Estado ha sido errática que va desde minimizar la situación que afecta a los líderes y lideresas sociales que raya en la indolencia hasta insistir neciamente en medidas únicamente de corte militaristas que no han funcionado en el pasado. En este respecto cabe recordar que en el mes de marzo de este año en un evento que se llevó a cabo en Puerto Asís (Putumayo) y que congregaba a instancias como la Procuraduría General y la Comisión de la Verdad, la ministra del Interior, Alicia Arango, en referencia a los asesinatos de líderes sociales declaró que “mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de derechos humanos. Parece mentira, pero hay que defender a todos los colombianos y hay que defender a los líderes”, lo cual en principio es obvio, pero es un juego de palabras tendiente a restarle importancia al asesinato sistemático de las personas que se han dedicado a promover y defender los derechos humanos que por esa misma labora ponen en altísimo riesgo su vida e integridad junto con el de sus familias en un país como Colombia (El Tiempo, 2020).
Ante esta situación tan compleja la respuesta no es fácil o simple, pero tampoco imposible ya que afortunadamente existe en el país un movimiento bastante fuerte y activo en favor de la defensa y promoción de los derechos humanos que ha planteado diversas propuestas para encarar esta situación, fruto de su experiencia y presencia en los territorios. Entre estas propuestas están la adopción de una política pública integral de protección de las y los líderes sociales, la concertación de medidas con las organizaciones presentes en los territorios, la priorización de los espacios de concertación interinstitucional como lo son las Mesas Territoriales de Garantías, la cual la ministra del Interior se ha negado a reactivar para el caso de Nariño y la adopción de medidas de protección colectivas.
Bibliografía
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DANE. (s.f. de Septiembre de 2020). Mercado Laboral Pasto. Julio – septiembre 2020. Obtenido de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/Presentaciones_jul_20_sep_2020.zip
El Espectador. (13 de Ocubre de 2020). “Esta minga no es reivindicativa, sino política”: Gobierno . Obtenido de https://www.elespectador.com/noticias/politica/mininterior-dice-que-minga-indigena-es-politica-y-no-reivindicativa/
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El Tiempo. (17 de Octubre de 2020). Uribistas acuden a acción popular contra la minga y Claudia López. Obtenido de https://www.eltiempo.com/politica/congreso/accion-popular-apuesta-de-uribistas-contra-la-minga-y-claudia-lopez-543864
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Resguardo Piguambí Palangala. (4 de Septiembre de 2020). Comunicado No. 006. Tumaco, Nariño, Colombia.
Unipa. (4 de Octubre de 2020). COMUNICADO 015-2020. Pasto, Nariño, Colombia.
