Este 9 de abril se conmemora un año más el Día Nacional de la Memoria de las Víctimas del Conflicto Armado como un acto de reconocimiento de sus luchas, un recordatorio de la obligación que tiene el Estado principalmente, pero también los victimarios en garantizar y reestablecer sus derechos y una invitación a la sociedad en general para solidarizarse con sus apuestas y ayudar a preservar su memoria en un horizonte de la paz y reconciliación con las garantías de no repetición.
Indudablemente que la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las FARC-EP en el año 2016 abrió un abanico de expectativas para que, en primer lugar, cesara el conflicto y por ende el surgimiento de nuevas víctimas y, en segundo lugar, para que las víctimas existentes accedieran a mecanismos eficaces y certeros de reparación. Tres años después de implementación del Acuerdo no ha ocurrido ni lo uno ni lo otro. Pese a las esperanzas que se tenían sembradas, según las cuales se iba a lograr una reducción ostensible en el número de victimizaciones sobre la población civil en aquellas zonas donde conflicto era más prominente, esto solo se logró en parte y en algunas regiones del país sigue manteniendo algunos niveles altos, solo comparables con aquellos observados en períodos anteriores a la firma del Acuerdo. De acuerdo con las cifras analizadas de la Unidad Víctimas[1], los cuatro años antes hasta el año de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia hubo en promedio unas 301.505 víctimas del conflicto por año en promedio y para los cuatro años posteriores a la firma, a saber, entre el año 2017 a 2020, unas 137.245 víctimas por año en promedio, es decir que hubo una reducción importante por encima de la mitad, esto es del 54%.
El departamento de Nariño después de la firma de la paz siguió siendo uno de los epicentros de las dinámicas del conflicto armado en el país y esto se puede constatar en que la reducción en la cantidad promedio de victimizaciones por año en el periodo posterior a la firma del Acuerdo de Paz fue de tan solo 38%, cifra que si se compara con la reducción a nivel nacional está 16 puntos por debajo de la media nacional. Durante los cuatro años antes de la firma de la paz, esto es en el período entre el 2012 y 2015, en Nariño hubo en promedio unas 33.303 víctimas por año y durante los cuatro años posteriores hubo 20.585 víctimas en promedio por año.
El desplazamiento forzado ha constituido históricamente la gran mayoría, esto es un 81% (432.642 víctimas) de todos los hechos victimizantes acumulados desde que la Unidad de Víctimas tiene registros (año 1985) en el departamento de Nariño. Esto sumado a las dinámicas del conflicto surgidas luego del Acuerdo de Paz en la cual se ha intensificado la guerra por la disputa por el territorio y las rentas de economías ilegales entre una multiplicidad de actores armados, ha originado que sea el desplazamiento forzado el hecho victimizante que más se ha incrementado. De acuerdo con cifras sobre el desplazamiento en Nariño de la Unidad de Víctimas[2], se observa que en un período analizado de nueve años, esto es, cuatro años antes y cuatro años después de la firma de la paz, este hecho victimizante se ha reducido en un 42% en promedio al pasar de 31.553 víctimas de desplazamiento en promedio anual durante los cuatro años antes de la firma de la paz a 18.181 víctimas de desplazamiento en promedio anual durante los cuatro años posteriores a la firma hasta el año 2020. Este hecho en términos humanitarios es extremadamente grave y preocupante ya que significa que, diariamente en el departamento de Nariño al menos unas 50 personas en promedio diariamente tuvieron que desplazarse desde sus territorios para salvaguardar su vida e integridad en razón y por causa del conflicto armado.
Número de víctimas de desplazamiento forzado
Nariño 2012 – 2020
| Año | No de desplazados | Cambio |
| 2012 | 32.073 | 5% |
| 2013 | 33.003 | 3% |
| 2014 | 34.887 | 6% |
| 2015 | 26.249 | -25% |
| 2016 | 12.671 | -52% |
| 2017 | 18.268 | 44% |
| 2018 | 22.106 | 21% |
| 2019 | 12.682 | -43% |
| 2020 | 19.669 | 55% |
Fuente: Unidad de Víctimas / Procesado Fundepaz
Como muestran los datos, el año 2016 cuando se firmó la paz, fue el año con el mayor nivel de disminución (52%) en cuanto al número de víctimas de desplazamiento forzado durante el período analizado, lo cual indudablemente fue un efecto directo de los ceses al fuego bilaterales y unilaterales pactados entre las FARC-EP y el Gobierno en el marco del proceso. No obstante, lo anterior, al año siguiente las cifras sobre el desplazamiento individual volvieron a incrementarse de manera desproporcionada a una tasa del 44% y de ahí en adelante solo en el año 2019 volvió a reducirse, volviéndose a elevar durante el año 2020 a una tasa del 55%. Esto también es compatible con las cifras del desplazamiento colectivo ya que mientras en el año 2017 se produjeron 12 desplazamientos masivos que afectaron a 3.076[3], en el año 2020 se presentaron 33 desplazamientos masivos colectivos que afectaron a 10.075 personas[4], es decir que, entre un año y otro hubo un aumento del 228% en el número de personas afectadas por este fenómeno.
Desafortunadamente durante los primeros meses del año 2021 la tendencia creciente en cuanto al desplazamiento forzado no ha cambiado; se ha sostenido e incluso se ha agravado, siendo los municipios de Olaya Herrera y El Charco, ambos en la costa pacífica, los más afectados. A mediados de marzo se conoció que por disputas territoriales entre grupos armados ilegales al menos 97 familias que representaban más de 400 personas se desplazaron de las veredas Bocas de Barro, Palmita de Coco, Bracito y Alto San Antonio, que inicialmente llegaron en Bocas de Prieta, la zona rural del municipio de Olaya Herrera[5]. Días más tarde empezó más de 700 familias de cuatro veredas como Santa Catalina, Cuil, Matapolo y Las Mercedes, zona rural del El Charco se desplazaron hacia el casco urbano. El alcalde de este municipio, Victor Candelo Reina, informó que en total fueron 4.500 personas desplazadas de esos cuatro sectores[6].
En todo caso el Acuerdo de Paz tampoco se ha reflejado en una mejora sustancial para las aspiraciones de las víctimas del conflicto en la garantía de sus derechos, en especial el derecho a la reparación integral. De acuerdo con la Unidad de Víctimas, en el 2020, la entidad entregó en Nariño 8.488 cartas de indemnización con una inversión superior a los 60.000 millones de pesos, cifra histórica de mayor inversión en este departamento para la reparación individual, beneficiando preferentemente a los adultos mayores, personas en condición de discapacidad o con enfermedad catastrófica[7]. En todo caso, esa cifra resulta ínfima si se compara con el universo de las 341.320 víctimas del conflicto que en el departamento de Nariño[8] constituyen sujetos de atención de la entidad, es decir, las víctimas indemnizadas representaron al rededor del 2% de ese total. Notoriamente, el grueso de la población víctima en el departamento (población por debajo de los 70 años) queda por fuera de las posibilidades de la indemnización económica, lo cual constituye un hecho de revictimización. Por otra parte, es preciso mencionar que no hay información disponible sobre las otras cuatro dimensiones de la reparación integral, a saber, la restitución, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición.
Desde el comienzo la implementación de las instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) integrado por la Justicia Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos (UBPD) tuvo serios inconvenientes relacionados principalmente con la asignación presupuestal lo cual retrasó su puesta en marcha, principalmente para el caso de la UBPD. Los años 2019 y 2020 constituyeron un período de consolidación de los equipos regionales e inicio del acercamiento y relacionamiento con la institucionalidad regional y las organizaciones de víctimas y acompañantes. Indudablemente que la pandemia del Covid 19 y el aislamiento preventivo posteriormente decretado han impactado negativamente la implementación del punto 5, relacionado con las víctimas del Acuerdo en la región. Los esfuerzos y avances iniciales de las instituciones parte del SIVJRNR se han visto notoriamente truncados por la imposibilidad de realizar misiones territoriales que permita la interacción con las comunidades de manera normal y efectiva, lo cual representa una inmensa barrera para las víctimas de los territorios.
En el Caso 02 de 2018, sobre la situación territorial de los municipios de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte, relacionado con graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario ocurridas en esos municipios entre 1990 y 2016, la JEP reporta que se ha avanzado en la acreditación de 105.165 personas, 54 resguardos indígenas, 52 cabildos, 30 consejos comunitarios y una organización campesina, entre otros[9]. En todo caso este es un primer peldaño en el proceso largo y complejo de garantizar los derechos de las víctimas para colmar sus aspiraciones por justicia y reparación integral.
Referencias
[1] UNIDAD DE VÍCTIMAS. Registro Único de Víctimas [en línea] <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394> [Citado el 5 de Marzo de 2021]
[2] UNIDAD DE VÍCTIMAS. Registro Único de Víctimas [en línea] <https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Desplazamiento> [Citado el 5 de Marzo de 2021]
[3] CARTA DE Edgar Alonso Insandara Guerrero. Secretario de Gobierno Departamental. Gobernación de Nariño. Pasto, 16 de enero de 2018 p. 3
[4] CARTA DE Jose Amilcar Pantoja Ipiales. Subsecretario de Paz y Derechos Humanos. Gobernación de Nariño. Pasto, 16 de enero de 2018 p. 2
[5] La Noticia sin Fronteras. Desplazadas más de 400 personas en Olaya Herrera [en línea] <https://www.lanoticiasinfronteras.com/2021/03/15/desplazadas-mas-de-400-personas-en-olaya-herrera/> [Citado el 5 de Marzo de 2021]
[6] Abra Noticias. Combates de insurgentes en El Charco desplaza a 700 familias [en línea] <https://www.abranoticias.com/2021/03/29/combates-de-insurgentes-en-el-charco-desplaza-a-700-familias/> [Citado el 6 de Marzo de 2021]
[7] UNIDAD DE VÍCTIMAS. En 2020, víctimas de Nariño recibieron más de $60.000 millones en indemnizaciones [en línea] https://www.unidadvictimas.gov.co/es/reparacion/en-2020-victimas-de-narino-recibieron-mas-de-60000-millones-en-indemnizaciones/60003
[8] UNIDAD DE VÍCTIMAS. Víctimas por Hecho Victimizante – Departamento NARIÑO – Fecha Corte 28/02/2021 [en línea] <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394> [Citado el 5 de Marzo de 2021]
[9] CARTA DE Eduardo Cifuentes Muñoz, Presidente. Jurisdicción Especial para la Paz. Bogotá, 2 de febrero de 2021 p. 1-2
