Este viernes 30 de julio se conmemora el Día Mundial Contra la Trata de Personas una iniciativa promovida por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de crear mayor conciencia de la situación de las víctimas de este delito y de promover y proteger sus derechos. Adicionalmente, el 31 de julio se conmemora la ratificación de Colombia del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos de la Niñez relativo a la venta y utilización de niñas, niños y adolescentes en prostitución y pornografía.
Las consecuencias sociales derivadas de las medidas implementadas por el Gobierno para abordar la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del Covid 19 han aumentado las vulnerabilidades para que ciertos segmentos de la población tales como las mujeres, las y los migrantes y los menores de edad puedan ser víctimas de alguna forma de trata de personas. La pérdida de fuentes de empleo (en el trimestre móvil marzo-mayo de 2021 el desempleo para las mujeres fue de 19,1% frente a 12,0% de los hombres)[1], la deserción escolar por el cierre de establecimientos educativos o imposibilidad para acceder a la educación virtual y el cierre de las fronteras han agravado las circunstancias para que las poblaciones mencionadas sean más vulnerables para ser víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, laboral y/o uso como combatientes.
Conscientes de las nuevas realidades del contexto, el Gobierno nacional a través del Decreto 1818 de 2020 promulgó en el año 2020 la nueva Estrategia Nacional para la Lucha Contra la Trata de Personas, 2020-2024 con el objetivo de garantizar la coordinación, articulación y sostenibilidad de acciones interinstitucionales para el abordaje de la lucha contra la trata de personas en materia de prevención, asistencia y protección de las víctimas, así como la gestión y generación del conocimiento, la cooperación internacional, la investigación, judicialización y sanción del delito nivel nacional, departamental y territorial[2].
Entre las novedades de esta nueva estrategia es que, además de los enfoques de género, territorial y otros, incluyó uno nuevo, al que denominó enfoque fronterizo y migratorio, el cual es desarrollado a partir de la crisis humanitaria derivada de la migración masiva de ciudadanos extranjeros a Colombia. En este marco, se menciona que por las condiciones de vulnerabilidad, la población migrante pueden ser victimizados en contextos de trata de personas, reconociendo la necesidad de una atención diferenciada, tanto en las fronteras del país como en el territorio nacional, para abordar la atención de los flujos migratorios mixtos, con el fin de que la implementación de esta Estrategia se corresponda con las condiciones y características propias de los territorios y de las condiciones de vulnerabilidad de los migrantes regulares e irregulares[3].
Este nuevo enfoque está en plena consonancia con la posición estratégica que ostenta el departamento de Nariño dentro de la geografía nacional e internacional ya que es puerta de entrada y de salida de Colombia al resto de países de Suramérica. Este hecho hace que el departamento sea paso obligado para los migrantes venezolanos que han salido de su país de origen y tienen como destino otros países de Suramérica y de aquellos que han decidido regresar de tales países hacia Venezuela. Es de anotar que, durante el año 2020, período en el que empezó la emergencia sanitaria por el Covid 19, ingresaron al país unos 1.000.560 extranjeros de los cuales el 19% (189.883 personas), es decir, casi una quinta parte, fueron de nacionalidad venezolana. De este total, unas 33.391 personas venezolanas (18% del total) entraron por los tres puestos de control migratorio dispuestos en Nariño, a saber, Ipiales, Cumbal y Tumaco[4].
No obstante, lo anterior, Colombia y en el departamento de Nariño no solamente son zonas de paso de la diáspora venezolana hacia otros países sino que ha sido escogido por las y los migrantes como lugar de residencia permanente. Así lo dejan ver las cifras sobre el Permiso Especial de Permanencia – PEP expedidos en Colombia, ya que, hasta julio de 2020, correspondiente a la fase IX, se habían expedido unos 727.112 permisos. De ese total, 3.599 corresponden al departamento de Nariño, de los cuales, a su vez, 1.578 permisos (44% del total) corresponden a Pasto, 1.435 permisos (40% del total) corresponden a Ipiales y 191 permisos (5% del total) corresponden a Tumaco[5]. Al respecto es importante aclarar que estos datos hacen referencia a cifras oficiales por lo que debe haber un subregistro importante de aquellas personas que por una u otra circunstancia no han querido tramitar este permiso. Según estimaciones de Migración Colombia, en el departamento de Nariño a la fecha residen unas 14.523 personas entre regulares e irregulares de las cuales 6.302 personas, es decir el 43% reside en la capital Pasto y el 9% (1.284 personas) en el municipio de Ipiales[6].
De acuerdo con cifras del Ministerio del Interior en cuya cabeza recae la responsabilidad de coordinar a nivel nacional la política nacional para abordar el tema de la trata de personas en Colombia, en el período 2013-2021 en el país se tienen registro de un total de 795 víctimas de trata de personas, siendo las mujeres con el 83% del total (663 víctimas) las más afectadas, confirmándose con ello la feminización de este fenómeno. Esto es compatible con que el 60% de los casos de trata de personas han tenido la finalidad de explotación sexual. En seguida están los trabajos forzados que representaron el 18% la finalidad de los casos total de trata en el período mencionado. Los hombres representaron el 17% del total (132 víctimas)[7]. Por su parte la trata externa con un 80% del total (637 víctimas) ha sido la de mayor impacto frente a la interna con el 20% del total (158 víctimas)
Tabla 1. Lugar de origen de las víctimas de trata
de personas externa 2013-2021
| DEPARTAMENTO | TOTAL | % |
| Extranjero | 117 | 18% |
| Bogotá | 90 | 14% |
| Valle del Cauca | 82 | 13% |
| Antioquia | 77 | 12% |
| Risaralda | 52 | 8% |
| Caldas | 32 | 5% |
Fuente: Ministerio del Interior / Procesado Fundepaz
Como se muestra en anterior tabla, en el período mencionado, ha sido la población de origen extranjero la más afectada por el fenómeno de la trata de personas externa con una proporción del 18%, seguidos en su orden por víctimas de Bogotá con el 14%, Valle del Cauca con el 13% y Antioquia con el 12%. Nariño con 4 víctimas (1% del total) ocupa el puesto 18 entre los lugares de origen de las víctimas en el período analizado.
Con el 17% del total de casos ocurridos entre los años 2013 y 2021, Colombia ha sido el destino de mayor incidencia para la trata de personas externa, es decir el lugar donde han sido víctimas las personas extranjeras, seguido en su orden por China, México, España, Ecuador y Argentina, haciendo la claridad que en éstos últimos países se hace relación a víctimas de nacionalidad colombiana que han sido trasladadas para ser explotadas.
Tabla 2. Lugar de destino casos de trata de
personas externas 2013-2021
| PAÍS | TOTAL | % |
| Colombia | 106 | 17% |
| China | 74 | 12% |
| México | 69 | 11% |
| España | 47 | 7% |
| Ecuador | 45 | 7% |
| Argentina | 42 | 7% |
Fuente: Ministerio del Interior / Procesado Fundepaz
A lo anterior hay que agregar otro fenómeno de alto impacto como lo es el reclutamiento forzado de menores de edad por parte de grupos armados ilegales y que según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) también constituye otra forma de trata de personas[8]. En el año 2019, antes de la pandemia la Defensoría del Pueblo emitió 105 Alertas Tempranas, la, de las cuales 63 (que corresponden al 60%), se identificaron escenarios de riesgo de reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes por parte de actores armados que participan del conflicto armado interno. En conjunto, estas Alertas Tempranas cubrían una población y territorio de 94 municipios en 23 departamentos del país[9].
Los departamentos con mayor cantidad de municipios donde se identifica el riesgo de reclutamiento y utilización son: Antioquia, Nariño, Chocó, Meta, Bolívar, Tolima, Córdoba, Cundinamarca, Valle del Cauca, Córdoba, Casanare y Putumayo. En todos lugares se ha detectado también la afectación de migrantes provenientes de Venezuela[10].
Referencias
[1] DANE. Mercado laboral [en línea].
<https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_may_21.pdf> [Citado el 21 de Julio de 2021] p. 8
[2] MINISTERIO DEL INTERIOR. Decreto 1818 de 2020 [en línea].
<http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/Normativa/Decretos/DECRETO-1818-DEL-31-DE-DICIEMBRE-DE-2020-TRATA-DE-PERSONAS.pdf> [Citado el 18 de Julio de 2021] p. 8
[3] Ibid., p. 12
[4] MIGRACIÓN COLOMBIA. Flujos migratorios de extranjeros [en línea].
<https://public.tableau.com/app/profile/migraci.n.colombia/viz/FlujosMigratorios-2020/Inicio> [Citado el 20 de Julio de 2021]
[5] MIGRACIÓN COLOMBIA. Permiso Especial de Permanencia [en línea].
<https://public.tableau.com/app/profile/migraci.n.colombia/viz/PermisoEspecialdePermanencia-PEP/Inicio> [Citado el 20 de Julio de 2021]
[6] CARTA DE Fernando Andrés Mosquera Navia Director Regional Nariño Putumayo (e) de Migración Colombia. Pasto, 23 de julio de 2021.
[7] MINISTERIO DEL INTERIOR. Datos Abiertos [en línea].
<https://tratadepersonas.mininterior.gov.co/node/23679> [Citado el 20 de Julio de 2021]
[8] El reclutamiento de menores de edad para grupos armados es abordado por el Informe Mundial de Trata de Personas 2018 publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en 2019, el cual está disponible en el siguiente enlace: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf
[9] DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Alerta por reclutamiento ilícito de menores de edad colombianos y venezolanos [en línea].
<https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/7893/Alerta-por-reclutamiento-il%C3%ADcito-de-menores-de-edad-colombianos-y-venezolanos-venezolanos-desplazados-Defensor%C3%ADa.htm> [Citado el 20 de Julio de 2021]
[10] Ibid.
