La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 fue un hito histórico para la humanidad, ya que, por primera vez en la historia se establecían una serie de derechos fundamentales que todo ser humano, solo por el hecho de serlo, puede y debe aspirar a conseguir. Los 30 derechos contenidos en la Declaración incluyen tanto derechos civiles y políticos, como los derechos a la vida, a la libertad y a la vida privada como también derechos económicos, sociales y culturales, como los derechos a la seguridad social, la salud y a una vivienda adecuada.
Como viene ocurriendo desde hace varios años en nuestro país, el 2022 vuelve a marcar lamentablemente otro período más en el que no se dan las condiciones para la plena vigencia de la Declaración, mostrándose el Estado incapaz de garantizar las condiciones para el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales, tal como lo reza en el preámbulo de tan importante instrumento, bien sea por acción o por omisión.
A 74 años del aniversario de la promulgación de la Declaración nos proponemos en las siguientes líneas hacer un examen sobre su vigencia en términos reales en nuestro país y obviamente en nuestro departamento. Empecemos revisando los artículos 1 y 2 de la Declaración que establecen como principios generales que los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos sin distinción alguna, lo cual en principio y formalmente se aplica en nuestro país, pero un examen más minucioso de la realidad deja ver que aún persisten grandes brechas en el acceso al goce y disfrute de los derechos en razón de la etnia, sexo o la opinión política. Así por ejemplo, un análisis somero sobre el reparto de la riqueza en el país muestra evidentes desigualdades si se aborda con el enfoque etnicoterritorial. En efecto, durante el año 2021 el índice de pobreza multidimensional (IPM) en el país fue de 16,0%, mientras que la del departamento de Nariño fue del 22,1%, es decir, 6,1 puntos porcentuales por encima. Sin embargo, al revisar dicho indicador en municipios del departamento con población mayoritariamente negra, se observa que la brecha se amplía, ya que por citar un solo ejemplo, en Tumaco, donde habita el 52% de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera (NARP) de Nariño, la IMP fue de 53,7%, es decir más del doble que la del departamento y más del triple que la nacional[i].
Por su parte los artículos del 3 al 5 de la Declaración aluden a los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad, a que nadie estará sometido a esclavitud, la servidumbre, la trata de personas, la tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El contraste con la realidad de este grupo de derechos permite concluir que es quizás uno de los más vulnerados en el país, sobre todo en regiones como Nariño, donde persisten el conflicto armado y la violencia generalizad que se ha vuelto casi endémica. De acuerdo con datos de Medicina Legal hasta octubre del año 2022 en el departamento 263 personas habían sido asesinadas, siendo Tumaco con 138 homicidios, es decir, el 53% del total, el municipio más afectado[ii]. Cabe recordar que la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes en Tumaco el año pasado fue de 71 homicidios, mientras que la de Nariño fue de 21, por debajo que la del resto del país que fue de 26 homicidios por cada cien mil habitantes.
Esta persistencia en la ocurrencia de homicidios en Nariño ha afectado de manera especial a poblaciones como las mujeres de las cuales hasta el mes de noviembre habían sido asesinadas 31 de ellas, representando un incremento del 48% con respecto al año 2021. De igual manera, las personas que defienden y promueven los derechos y libertades contenidas en la Declaración en el departamento de Nariño, también han sido afectadas de manera grave por una racha de homicidios selectivos. En efecto, hasta la fecha en el departamento han sido asesinados 23 personas defensoras de los derechos humanos, una cifra que sin terminar el año, es más del doble (110%) que la ocurrida el año pasado, cuando fueron asesinados 11 personas defensoras de derechos humanos. Dado que el 52% de las personas asesinadas ejercían algún tipo de liderazgo indígena en su área de influencia, sumado a las particularidades del territorio, la presencia de estructuras armadas legales e ilegales y el modus operandi utilizado por los perpetradores, permite inferir algún tipo de sistematicidad, encaminado precisamente a menoscabar dicho liderazgo cuyas reivindicaciones tales como el respeto de la madre tierra, la no militarización de los territorios, la prevalencia de las autoridades ancestrales, etc., se contraponen con los intereses de los grupos armados.
Para enfrentar esta situación el nuevo gobierno, que asumió el poder en agosto de este año, empezó a implementar un instrumento de naturaleza preventivo denominado Puesto de Mando Unificado por la Vida (PMU), de los cuales en Nariño hasta la fecha se han implementado cinco de ellos en Tumaco, Roberto Payan, Barbacoas, Magüí Payán y El Charco. Si bien han sido mecanismo bien intencionados y en ninguno se ha cumplido el plazo de los 100 días de vigencia, ellos han tenido poca efectividad a juzgar por las medidas concretas adoptadas en favor de las personas defensoras de derechos humanos, es más, las autoridades locales y regionales han suspendido varios de ellos, aludiendo la falta de acompañamiento del orden nacional[iii].
El derecho a la libertad es otro de los derechos ampliamente vulnerados en el departamento de Nariño por cuenta de la violencia que afecta al territorio. Específicamente el reclutamiento forzado, la trata de personas, la desaparición forzada y la restricción de la movilidad (bien sea por el confinamiento o control social de actores armados) son fenómenos que siguen teniendo un acto impacto en algunos territorios del departamento. El reclutamiento forzado de jóvenes, incluyendo menores de edad, viene afectando de manera particular al Pueblo Awá en comunidades asentadas en resguardos ubicados en Ipiales, Tumaco, Barbacoas, Roberto Payán y Magüí Payán en la costa pacífica.
La Alerta Temprana 022-2022 de agosto de 2022 expone el riesgo de reclutamiento a los que está expuesta la población Awá del resguardo Ishu Awá, ubicado en el corregimiento de Jardines de Sucumbíos (Ipiales) por parte de la estructura Comandos de la Frontera. Por su parte la alerta temprana 030-22 de noviembre de este año, afirma que aproximadamente 30.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) que viven en la Subregión del Telembí, se encuentran en riesgo ante la vinculación y reclutamiento forzado, a manos de grupos armados ilegales que están en dicho territorio. donde habitan. Cabe recordar que el 27 de noviembre en misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo fueron liberados 18 jóvenes que estaban en poder de la columna Iván Ríos (perteneciente a la Segunda Marquetalia) en zona rural de Tumaco[iv]. Estos jóvenes, entre ellos un menor de edad, habían sido integrantes de la columna Urías Rondón, la cual ha sido señalada de reclutar menores de edad del pueblo Awá en su afán de expansión territorial[v].
Por otro lado, los artículos del 6 al 13 de la Declaración abordan derechos como la personalidad jurídica, la no discriminación, el debido proceso, la proscripción de la detención arbitraria y el destierro, la presunción de inocencia, la honra y el derecho a circular libremente. Como viene ocurriendo con el resto de los derechos, un contraste con la realidad en el país y el departamento muestra la inaplicabilidad de ellos que afecta en particular a ciertas poblaciones y territorios en el departamento. En efecto, fenómenos como el desplazamiento y desaparición forzada siguen afectando al departamento como consecuencia de la prevalencia de dinámicas ascendentes de la violencia sociopolítica. Cifras oficiales a agosto de 2022 indicaban que hasta esa fecha en el departamento unas 5.825 familias o 14.763 personas y una 288 familias o 836 personas habían sido víctimas de desplazamiento forzado y confinamiento, respectivamente en Nariño, en su gran mayoría habitantes de Concejos Comunitarios y Resguardos Indígenas de municipios como Roberto Payán, Magüí Payán, Tumaco, Olaya Herrera, El Charco y Barbacoas[vi].
Las organizaciones del pueblo Awá como UNIPA y ORIPAP han denunciado la práctica proscrita por el DIH de sembrar minas antipersonales en sus territorios ancestrales localizados en municipios como Tumaco y Barbacoas, implementada de forma masiva y generalizada por los grupos armados ilegales que ahí operan. Esta práctica además de generar el confinamiento de la población, ha provocado solo en lo que va del año 2022 la muerte de dos indígenas, entre ellos un líder indígena, el sabedor Gerardo Pai Nastacuas[vii] y heridas de consideración en otros tres indígenas que incluye la pérdida de la pierna derecha de uno de ellos[viii].
Por su parte, de acuerdo con cifras de la Mesa Departamental de Desaparición, a octubre de este año en Nariño habían sido reportadas como desaparecidas unas 115 personas, de las cuales 76 personas habían sido ubicadas, 7 de ellas sin vida[ix]. De acuerdo con cifras de la Unidad de Víctimas, a noviembre de 2022 unas 49 personas figuraban como víctimas de desaparición forzada en razón del conflicto armado en Nariño, lo que permite ver la magnitud del fenómeno de graves y masivas violaciones a los derechos humanos en nuestro territorio.
Ante este sombrío panorama la pregunta a plantearse es qué condiciones deben darse para que haya una plena vigencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos en Nariño. La respuesta no es fácil ya que tiene varias aristas en el entendido que las causas para la no garantía de los derechos humanos en la región y en el resto del país son múltiples. Para empezar, habría que diferenciar aquellas causas que tienen un carácter estructural como por ejemplo el histórico abandono al cual han estado sometidas algunas regiones de nuestro departamento como la Costa Pacífica, sumado a los altos niveles de corrupción que no han permitido un uso óptimo de los escasos recursos disponibles.
En segundo lugar, es importante abordar las causas relacionadas con la persistencia del conflicto armado en Nariño, el cual si bien también tiene raíces estructurales, se explica principalmente por el impacto de la economía ilegal del narcotráfico. El último informe de del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) muestra un quiebre en la tendencia de disminución del área cultivada con coca en Colombia y el departamento ya que para el año 2021 dicha área en el país pasó de 143.000 a 204.000 hts, es decir, un aumento del 43% y en Nariño de 30.680 a 56.516 hts, es decir, un aumento del 84%, casi el doble del observado a nivel nacional. Del informe se deduce que Nariño vuelve a recuperar el primer puesto a nivel nacional como el departamento con la mayor área cultivada con coca, desplazando a Norte de Santander (42.565 hts en 2021) que había ostentado ese lugar durante los últimos dos años[x].
Solo a través de una política integral antidrogas estructurada a mediano y largo plazo, que aborde el problema desde una perspectiva global, comprometiendo a las naciones consumidoras, y que lo aborde también desde otras aristas como por ejemplo la sociocultural enfocada a consolidar una cultura de lo lícito, sumado a superar la fragilidad institucional, se podrá dar pasos importantes para dejar atrás ese fenómeno.
Notas finales
[i] Cálculos elaborados en base a la información sobre pobreza y desigualdad, disponible en el sitio web del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-multidimensional
[ii] Observatorio de Violencia. Cifras preliminares de lesiones de causa externa en Colombia 2022 [en línea]. <https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-de-lesiones-de-causa-externa> [Citado el 29 de Noviembre de 2022]
[iii] Según información provista por la Secretaria de Gobierno Departamental, el PMUV de Tumaco llevado a cabo el 17 de septiembre fue suspendido tanto por la Alcaldía de ese municipio como por la Gobernación por falta de acompañamiento del orden nacional.
[iv] DEFENSORÍA DEL PUEBLO. En misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo fueron liberados 18 jóvenes en zona rural de Tumaco [en línea]. <https://www.defensoria.gov.co/-/en-misi%C3%B3n-humanitaria-de-la-defensor%C3%ADa-del-pueblo-fueron-liberados-18-j%C3%B3venes-en-zona-rural-de-tumaco> [Citado el 27 de Noviembre de 2022]
[v] En el comunicado del 26 de noviembre del Frente Iván Ríos denuncia que la columna Urías Rondón viene implementando el reclutamiento de menores en el área de influencia.
[vi] Cálculos hechos en base a información provista por la Secretaría del Gobierno de la Gobernación de Nariño.
[vii] Unidad Indígena Del Pueblo Awá, UNIPA. Comunicado 016 de 2022. Pasto, 12 de octubre de 2022. p. 1
[viii] Unidad Indígena Del Pueblo Awá, UNIPA. Comunicado 004 de 2022. Pasto, 2 de junio de 2022. p. 1
[ix] Oficio de la Subsecretaria de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación de Nariño del 27 de octubre de 2022.
[x] UNODC. Colombia. Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2020 [en línea]. <https://www.unodc.org/documents/colombia/2022/Octubre/Otros/Informe_de_Monitoreo_de_Territorios_Afectados_por_Cultivos_Ilicitos_2021.pdf> [Citado el 21 de Octubre de 2022] p. 13, 107
