Tan pronto se posesionó el nuevo mandatario de la nación, el Doctor Gustavo Petro en el mes de agosto pasado, fiel a su promesa de campaña y a su talante de pacifista, se empezó a impulsar desde el gobierno la llamada Paz Total, concepto que se ha venido construyendo desde entonces y que al parecer se seguirá haciendo desde una perspectiva de lo complejo que resultaría ser.
En efecto, el pasado 4 de noviembre el Presidente Gustavo Petro, sancionó la modificación, adición y prórroga de la Ley 418, denominada ley de la Paz Total, la cual en términos generales convierte la búsqueda de la paz en política de Estado en relación con la solución definitiva del conflicto armado en Colombia. Los elementos más destacables de esta política son: La inclusión de grupos que no son de naturaleza política y que pueden estar asociados a economías ilegales, abre la posibilidad de un servicio social obligatorio como alternativa al servicio militar obligatorio, no cierra la puerta a negociar con los disidentes de las FARC-EP y aborda de manera importante el concepto de la seguridad humana en oposición a la seguridad pública (1).
Indudablemente que esta nueva perspectiva constituye un enorme avance en la senda de aunar esfuerzos nacionales para conseguir la paz y más si se tiene en cuenta los mínimos avances logrados con el anterior Gobierno y el enrarecimiento del ambiente en torno al tema. No obstante, es imprescindible también aunar esfuerzos de igual magnitud para que la paz trascienda a otros ámbitos de la realidad nacional donde además que es necesaria, será bienvenida porque se trata de un asunto de vida o muerte.
Uno de esos ámbitos alternos hace relación con la persistencia de las desigualdades de género cuya manifestación más dolorosa es la violencia contra las mujeres, provocada por la histórica y estructural posición de dominación y subordinación que las mujeres han tenido en la sociedad donde, a decir de Foucault, se configuran redes de poder que se propaga en todo el tejido social y sus instituciones (familia, escuela, universidad, empresa, Estado, etc.) a través de relaciones hetero hegemónicas y patriarcales.
Como cada año, el próximo 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer y en el contexto de nuestro país es necesario hablar de violencias (en plural) contra las mujeres para llamar la atención sobre las múltiples tipologías en las que se expresan las relaciones de dominación contra ellas y que va más allá del ámbito doméstico (violencia social, violencia de pareja, etc.) y trasciende a otras esferas como la trata de personas y el conflicto armado interno (violencia política), pero con un elemento en común; la grave vulneración de sus derechos humanos.
Lo anterior se constata cuando se abordan las cifras de violencia de género ocurrida en Nariño en lo que va del año 2022, según las cuales el 82% del total, es decir unos 2.614 casos, se cometieron en contra de las mujeres y el 18% (581 casos) en contras de los hombres. Lo anterior significa que diariamente al menos 7 mujeres en el departamento han sido víctimas de alguna forma de violencia física, psicológica y/o sexual, sin contar otras formas de violencia como los feminicidios, trata de personas o desapariciones, entre otras (2). Esta realidad debe ser más grave por la existencia de un subregistro, si tiene en cuenta que estas cifras solo recogen información de aquellas mujeres que logran de alguna manera acceder a la ruta de atención institucional de la violencia de género, existiendo una gran proporción de mujeres que no acceden por voluntad propia (vergüenza, miedo, desconocimiento, etc.) o por las barreras existentes para hacerlo. Cabe recordar que la cifra de violencia contra las mujeres en Nariño reportada durante el año 2021 fue de 2.806 casos.
Al abordar la violencia contra las mujeres por los tipos que ella configura, se observa que el 50% representó casos de violencia física, seguido de casos de violencia sexual, que representó el 32%, seguida de casos de negligencia y abandono y violencia psicológica, llegando a representar el 10% y 8%, respectivamente. Estas cifras en general dejan entrever una alta prevalencia de la violencia contra las mujeres cuyas causas son multifactoriales, pero con elementos comunes, esto es, el alto nivel de normalización entre la sociedad en su conjunto y una cierta tolerancia en las instituciones del Estado.
Particularmente la alta incidencia de la violencia física y sexual contra las mujeres (82%) podría identificarse también como una expresión del poder ejercido por los hombres en sus diferentes roles sobre los cuerpos de ellas, el cual es controlado por ellos a través ejercer de la disciplina donde se castigan los comportamientos que, a criterio de ellos, son anormales porque se salen de unos parámetros establecidos. El control e instrumentalización de los cuerpos de las mujeres en algunos casos llega al extremo patológico de considerar que los hombres tienen la potestad de decidir sobre poner fin con la vida de ellas, consumándose entonces el feminicidio, que además de ser la forma más extrema de violencia física, también es la última fase de una espiral de violencias, incluyendo el resultado fatal de no haber tomado las medidas para prevenirlo por parte del Estado y la sociedad.
Es en este contexto de exacerbación de las violencias contras las mujeres en Nariño que cobra un impacto inusitado el incremento de los feminicidios desde hace un par de años, situación que no mengua sino que tiende a agravarse aún más en lo que va del año 2022. De acuerdo con los datos recogidos por el Observatorio de Derechos Humanos y DIH de Fundepaz, entre enero y lo que va del mes de noviembre de 2022 en Nariño se habían cometido 30 presuntos feminicidios y 5 tentativas de feminicidios, superando desde ya el número de feminicidios ocurridos en 2021 que fue de 20. Esto significa que cada mes al menos dos mujeres fueron asesinadas en el departamento por el hecho de ser mujeres, siendo Tumaco con 11 casos de feminicidio el municipio más afectado, seguido por Pasto e Ipiales con 5 y 4 casos, respectivamente. Otros municipios afectados fueron Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Barbacoas, Iscuandé, La Cruz, Túquerres y Sandoná. Como se parecía, la costa pacífica del departamento es una de las regiones más afectadas por este fenómeno.
En el 52% de los casos en los cuales se tienen información sobre el mecanismo usado, la agresión se hizo a través de un arma de fuego, seguido del arma blanca (33%), la asfixia (9%) y la incineración (6%). Las edades de las víctimas oscilaron entre los 15 (y menos años para los casos que no fue posible determinar la edad) y los 65 años de edad. Del total de casos, 2 mujeres eran de nacionalidad venezolana y una ecuatoriana.
La lógica de la instrumentalización del cuerpo de las mujeres se sigue imponiendo también en el marco del conflicto armado interno, el cual desafortunadamente pese a los esfuerzos para alcanzar la paz, sigue afectando a la población de bastos territorios del departamento, pero de manera desproporcionada a las mujeres. De acuerdo con cifras oficiales, entre los años 2021 y lo que va del presente año, 138 mujeres (104 en 2021 y 34 en 2022) han sido víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado en el departamento (3).
Ante esta situación la respuesta del Estado no ha estado a la altura y sigue siendo limitada y difusa sobre todo a nivel regional y local. En primer lugar, para el caso del departamento es evidente la improvisación y la priorización de criterios burocráticos y de otro orden en lugar de criterios técnicos a la hora de la elección de las funcionarias que deben estar al frente de instituciones clave como lo es la Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social (SEGIS), la cual no ha sido capaz de diseñar e implementar estrategias concretas y pertinentes para abordar a nivel departamental las violencias de género. Una revisión somera de la financiación del programa enfocado en las mujeres para contribuir al cierre de brechas sociales y a la disminución de la vulneración de derechos del actual Plan de Desarrollo de Nariño indica que tan solo el 0,14% ($1.662 millones) del total asignado al plan durante los cuatro años ($ 1.163 billones), es decir, no llega ni siquiera al 1% (4).
De igual manera, para el caso de las instituciones municipales encargadas del tema en Pasto, Ipiales y Tumaco, no muestran mayores avances para abordar esta problemática y no se evidencia un nivel de articulación certero para para diseñar e implementar estrategias contundentes para prevenir y atender las violencias de género.
La institucionalidad, en general les falla a las mujeres, no sólo por la ausencia de sensibilidad, ausencia de personal idóneo, sino también por la negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones. La Asamblea Departamental ha desatendido por dos años el funcionamiento de la Comisión de Género; existe un albergue por cooperación internacional, pero no se ha destinado presupuesto ni se ha creado por ordenanza. La ruta es atendida por relaciones interpersonales, las universidades no tienen rutas internas de VBG activas; el Departamento, en general no cuenta con Comisarías de atención continua, desobedeciendo el mandato de la ley 1257 de 2008.
Notas finales
- MINISTERIO DEL INTERIOR. Presidente Gustavo Petro, sancionó la Ley de la Paz Total. Noviembre 4 de 2022. en línea]. https://www.mininterior.gov.co/2022/11/04/presidente-gustavo-petro-sanciono-la-ley-de-la-paz-total/ [Citado el 17 de Noviembre de 2022]
- Cifras calculadas en base a información del SIVIGILA, aportadas por el IDSN con fecha de corte la semana epidemiológica 43 correspondiente al 29 de octubre de 2022.
- Cifras calculadas en base a información aportadas por la Unidad para las Víctimas Territorial Nariño.
- Cálculos hechos en base al Plan Plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo Departamental “Mi Nariño, en Defensa de lo Nuestro” para el periodo 2020-2023, disponible en: https://sitio.narino.gov.co/wp-content/uploads/2020/11/Plan_de_Desarrollo_Mi_Narino_en_Defensa_de_lo_Nuestro_2020-2023.pdf
